LAS OPOSICIONES Y LOS EXÁMENES ORALES

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El ingreso a la función pública se rige según los principios constitucionales de“mérito, capacidad e igualdad”. Sin embargo, el propio diseño de acceso a los cuerpos funcionariales provoca que, en determinadas circunstancias, el sistema ponga en entredicho estos valores supremos.

En tiempos de crisis y precariedad, las condiciones laborales que ofrece la Administración se han convertido en objeto de deseo para muchos españoles. De ahí que, en los procesos abiertos, sólo un reducido número de aspirantes consigue una plaza. Llegar hasta ahí supone arriesgarse a la tarea de estudiar de manera estajanovista durante años sin la certeza de que el esfuerzo tenga recompensa.

A pesar de la trascendencia que esto conlleva para miles de personas, el sistema evaluador sufre la falta de ciertos controles, lo que genera, en determinados casos, indefensión para el opositor, impunidad para el tribunal evaluador y se presta, en última instancia, al manejo y a la corrupción

Tal y como denuncia el jurista experto José Ramón Chaves, “no puede aceptarse que la subjetividad del tribunal juegue con el esfuerzo y la ilusión de los opositores”. Chaves, que denuncia una situación de injusticia sucedida hace unos años, señala que “los exámenes orales son un cheque en blanco para un tribunal calificador y además no dejan huellas del examen realizado para someterlo a control jurisdiccional”.

A lo que se refiere este jurista es a una de las pruebas que se realizan en gran parte de las oposiciones para acceder a un puesto público. Entre los exámenes a los que se someten los estudiantes hay uno oral, consistente en recitar unos temas de memoria, sobre todo en aquellas plazas para cuerpos superiores, donde los aspirantes son licenciados universitarios. Es en esta prueba donde la oposición se aleja más del mérito, la capacidad y la igualdad.

Tal y como explican varios preparadores de estas pruebas, el sistema concede una “discrecionalidad técnica” al tribunal, lo que permite a los evaluadores calificar en base a un criterio que se presupone profesional y autorizado, pero subjetivo. Este poder que otorga la ley al examinador se multiplica, ya que, en la práctica, es imposible que sea rebatido. La “luz y taquígrafos” que debería reinar en una selección que va a otorgar un trabajo prácticamente garantizado de por vida y remunerado con dinero público goza de la primera premisa, ya que son examenes orales abiertos al público a los que cualquiera puede acceder, pero adolece la falta de los registros que pudieran servir como prueba para una posterior reclamación.

El sistema concede “discrecionalidad técnica” al tribunal, lo que le permite calificar con un criterio que se presupone profesional y autorizado, pero subjetivo

El abogado experto en derecho administrativo-contencioso Gonzalo Martos, socio de Martos Abogados, señala que en una prueba así, “la discrecionalidad es absoluta” y que prospere una reclamación de un opositor que considera injusta su valoración es “misión imposible”. Caso diferente es en un examen escrito, donde se puede pedir una prueba pericial”. En línea con Martos se sitúa Gloria Oliveros, directora de oposiciones en la academia Adams Formación: “En el caso de un examen oral no se puede probar que una intervención merece una calificación que difiere con la que el tribunal ha determinado, salvo que hubiera una grabación”. Pero no se graba. La ausencia de pruebas en un hipotético juicio quedaría reducido a la palabra del tribunal contra la del alumno.

Para Manuel Bagues, profesor de economía de la ‘Helsinki School of Economics’ (Finlandia) y amplio conocedor de los sistemas de evaluación tanto en España como en otros países de Europa, el problema no está en la grabación, ya que “sí se pueden rebatir los exámenes escritos y es prácticamente insólito que se modifique una nota”. Este experto cree que la clave estaría en el anonimato, que en los exámenes orales de España no existe a diferencia de otros países. “Las universidades de Reino Unido o Finlandia evalúan de manera anónima”.

Jesús Fernández Villaverde, profesor de la Universidad de Pennsylvania y miembro de FEDEA, y Pablo Ibáñez Colomo, docente de la London School of Economics, ven aspectos mejorables en el acceso a la función pública de España en cuanto a objetividad, transparencia, igualdad de oportunidades, aleatoriedad o costes sociales. Bagues añade que estas pruebas orales de recitar de memoria también son susceptibles de mejora por su ineficacia.

Azar, subjetividad y…¿corrupción?

Gran parte de profesionales dedicados a esta tarea consultados confían en quela mayoría de los procesos gozan de total limpieza. Sin embargo, todos ellos reconocen y acatan con resignación que la suerte es un factor a tener en cuenta en estos exámenes orales. Cada día hay un tribunal diferente con un criterio propio. Un formador señala que él prepara alumnos actualmente donde hay dos tribunales y uno suspende mucho más que el otro. Otro factor determinante es que los temas a evaluar son por sorteo y hay algunos temas que son prácticamente “imposibles de aprobar”, asume.

El escenario de discrecionalidad, azar, ausencia de anonimato y falta de control es, de esta manera, un campo abonado para la corrupción. Un magistrado especialista en lo Contencioso Administrativo de un Tribunal Superior de Justicia autonómico que prefiere mantenerse en el anonimato señala que en este examen oral es “por donde se cuelan las tropelías y los chanchullos”. Se abusa de la discrecionalidad y la impunidad que atesora. No obstante, cree que los tribunales, sensibles al alto nivel de corrupción que vive España y a la demanda de transparencia por parte de la sociedad, empiezan a mostrarsefavorables a grabar estos exámenes orales y en algunos casos ya se ha hecho.

El escenario de discrecionalidad, azar y falta de control es un campo abonado para la corrupción

Otro que se muestra muy crítico con el sistema es Jesús López Pelaz, director del bufete Abogado Amigo, especializado también en derecho administrativo contencioso. “Los tribunales tienen poder absoluto”, dice. “La propia naturaleza del examen hace que haya un alto grado de subjetividad. Hay temas que son imposibles de exponer en el tiempo determinado y cada tribunal decide si lo expuesto es lo importante o no”. Este letrado experto en la materia va más allá y ve otras motivaciones: “¿Cómo es posible que en las pruebas de repente haya un periodo de 30% de aprobados y de ahí se pase a un 70% de aprobados? ¿Cómo puede haber esa diferencia de criterio, cuando la distribución de alumnos es por apellidos?”. “Esto pasa en todos los procesos”, afirma. Pelaz cree que “nadie se queja porque nadie quiere verse señalado, porque hay procesos, como el de notaría, que son muy pequeños y todos se conocen”. De ahí el silencio que impera ante esta situación. Este jurista no descarta, incluso, las posibles implicaciones políticas que pudieran derivarse de este sistema.

En España existen muchas oposiciones en las que no se cubren todas las plazas. Tal y como destacan algunos opositores, hay procesos donde parte de la oferta pública queda desierta. “El tribunal sólo tiene que justificar falta de nivel entre los aspirantes”, apuntan.

Manuel Bagues, conocedor de los procesos de selección en otros lugares, explica que en “los países anglosajones y los países nórdicos eligen a sus empleados públicos a través de procesos de selección bastante similares a los del sector privado”.

La distribución de ofertas de plazas es otro problema añadido en esta cuestión. El director del Centro Económico y Financiero, Roque de las Heras, pide una planificación más homogénea y que sea pensada a largo plazo, donde se tenga en cuenta las necesidades futuras de la Administración a la hora ofertar. Ahora mismo, concluye, “esta planificación no existe”.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, responsable del funcionariado de la administración estatal, no ha ofrecido respuesta.

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El futuro, incierto para el opositor

En 2015, año de elecciones a todos los niveles, la oferta de empleo público ha aumentado considerablemente con respecto a los años anteriores, en los que la crisis congeló parte importante del acceso a la función pública. Más allá de cuestiones electoralistas, De Las Heras cree que el parón de los últimos ejercicios y la jubilación del grueso de funcionarios, que entraron en los ochenta, obligaba a aumentar el número de oposiciones para reponer bajas.

Sin embargo, los deseos de reposición para la función pública podrían verseamenazados por Bruselas. En los últimos días, la UE ha advertido a España de que sus previsiones son muy optimistas y podría incumplir el objetivo de déficit. Este escenario podría ir acompañado de una revisión de los presupuesto de 2016 tras las elecciones generales del 20 de diciembre. Los expertos apuntan directamente a que habrán de hacerse más recortes, principalmente, en la Administración Pública, receptora de los opositores que optan a las plazas ya ofertadas y que ahora se ven cuestionadas.

Cobrará especial importancia conocer el número de plazas que los tribunales de las oposiciones dejan desiertas por “falta de nivel”.

Tal y como dice El Confidencial

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